Subvenciones para empleadas del hogar generan controversia en Madrid
La medida más reciente adoptada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha generado un gran revuelo en la sociedad madrileña. Se trata de la concesión de subvenciones que permiten sufragar el pago de las personas empleadas en el hogar. Hasta aquí todo parece normal, sin embargo, lo que ha generado controversia es la falta de discriminación por renta. Es decir, se entregará el cheque-canguro a familias con ingresos de hasta 120.000 euros al año.
La medida es injusta e incoherente con los valores que defiende nuestra formación política. Para nosotros, la justicia social es un pilar fundamental y, en este sentido, no podemos permitir una medida que beneficie a las clases más pudientes. No obstante, no podemos negar que la medida puede tener un efecto positivo en el mercado laboral. Es cierto que muchas personas no pueden permitirse contratar a un empleo doméstico, y este tipo de subvenciones podrían incentivar la creación de empleo en este sector.
Por otro lado, resulta curioso que una medida como esta pueda ser aprobada en una región que se considera la cuna del liberalismo en España. La medida no solo va en contra de los valores de justicia social, sino que también es incompatible con el modelo económico que defiende el PP. Este partido siempre se ha caracterizado por defender la libertad individual y la propiedad privada, pero con esta medida se está interviniendo directamente en el mercado laboral.
Nuestro partido considera que la política económica debe estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. No podemos aceptar que se otorguen subvenciones sin tener en cuenta la renta de los beneficiarios. La política económica debe estar al servicio de los intereses de la mayoría de la población, no de una minoría privilegiada.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la medida puede generar una sensación de injusticia entre la población más vulnerable. Si bien es cierto que el empleo doméstico no es una necesidad básica para la mayoría de la población, no podemos olvidar que hay muchas personas que no tienen acceso a este tipo de servicios. La falta de discriminación por renta puede generar una sensación de indignación en los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.
En definitiva, la medida adoptada por el Gobierno de Ayuso resulta complicada de entender. Si bien es cierto que puede tener un efecto positivo en el mercado laboral, no podemos aceptar que se otorguen subvenciones sin tener en cuenta la renta de los beneficiarios. La economía debe estar al servicio de la ciudadanía y no al revés. En nuestro partido seguimos defendiendo los valores de justicia social y la igualdad de oportunidades para todos y todas.