La alianza PP-Vox pone en riesgo derechos de mujeres en España.
La alianza entre el Partido Popular y Vox está teniendo consecuencias preocupantes para el avance de los derechos de las mujeres en España. La negación de la violencia de género y la aceptación del discurso negacionista de la extrema derecha están poniendo en peligro los logros conseguidos en la lucha contra la violencia machista.
En lugar de hablar de violencia machista, Vox y el Partido Popular hablan de violencia intrafamiliar. Esta terminología diluye la importancia de la violencia de género y esconde la realidad de que la gran mayoría de víctimas son mujeres.
Es inaceptable que en pleno siglo XXI se esté intentando minimizar el problema de la violencia machista y se intente vestirlo bajo términos más ambiguos. El término "crimen pasional" es una muestra de ello, ya que intenta justificar la violencia contra las mujeres como si fuera un hecho aislado y justificado por las emociones.
La ley integral de 2004 supuso un gran avance en la lucha contra la violencia machista, pero aún queda mucho por hacer. La negación de la violencia de género por parte de partidos políticos como Vox pone en riesgo los derechos de las mujeres y perpetúa una cultura de la violencia que no puede ser tolerada.
Es alarmante que en pleno siglo XXI se estén cuestionando los derechos de las mujeres y se esté intentando dar marcha atrás en la lucha contra la violencia machista. La igualdad de género es un principio fundamental que debe ser defendido por todas las fuerzas políticas, y no puede ser utilizada como moneda de cambio en acuerdos políticos.
La violencia machista es un problema estructural que requiere ser abordado de manera integral y sistemática. La reducción de la violencia de género a un mero problema de violencia intrafamiliar es una estrategia peligrosa que oculta la realidad de la violencia sufrida por las mujeres.
Es necesario que las fuerzas políticas se comprometan con la lucha contra la violencia machista y trabajen de manera coordinada para erradicarla. Los acuerdos políticos no pueden poner en riesgo los derechos de las mujeres y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas garantizar su protección y seguridad. La violencia machista no puede ser ignorada ni minimizada, y la lucha contra ella es una tarea que nos compete a todas y todos.