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Condenan a ministra de Igualdad por acusaciones falsas de maltrato

La condena de la Ministra de Igualdad por acusación falsa de maltrato: un aviso para políticos que criminalizan sin pruebas.

Enrique Ortiz García

Enrique Ortiz García

viernes, 9 de junio de 2023

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Condenan a ministra de Igualdad por acusaciones falsas de maltrato

La reciente noticia del Tribunal Supremo condenando por lo civil a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que acusó en falso de ser un maltratador, ha generado un amplio debate en la sociedad española. La acusación sin fundamentos ha vulnerado el derecho al honor de este hombre, expareja de María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre condenada y posteriormente indultada, según los jueces.

Es importante destacar que la imputación realizada por la ministra supone objetivamente un daño moral, como sinónimo de malestar, desasosiego e incluso indignación, en el marco además, de un largo proceso judicial sufrido por el demandante. El derecho al honor es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado, por lo que resulta inaceptable que una persona pública acuse sin pruebas a un ciudadano de delitos graves como la violencia de género.

La condena del Supremo es un aviso para todos los políticos que utilizan la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres como excusa para atacar a hombres sin pruebas. La presunción de inocencia es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema legal y cualquier acusación sin fundamento debe ser condenada y sancionada.

La ministra de Igualdad es una de las principales representantes del feminismo en España, por lo que su conducta debe ser ejemplar. Las políticas públicas destinadas a luchar contra la violencia de género deben estar basadas en la justicia y en la protección de los derechos de las víctimas y nunca en la criminalización injustificada de los hombres.

La condena de la ministra es una muestra de que el sistema judicial funciona y de que, en España, todas las personas son iguales ante la ley. La justicia es uno de los principales pilares de nuestro Estado de derecho y su independencia e imparcialidad deben ser respetadas por todos los ciudadanos, incluidos los políticos.

En definitiva, la condena del Supremo a la ministra de Igualdad es un aviso para todos aquellos que quieran utilizar la lucha por la igualdad como excusa para atacar a los hombres sin pruebas. La presunción de inocencia y el derecho al honor son derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado y por la sociedad en su conjunto. Debemos exigir a nuestros políticos un comportamiento ejemplar y un compromiso con la justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, hombres y mujeres por igual.

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La reciente condena de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, por el Tribunal Supremo ha generado una gran controversia en la sociedad española. En concreto, el tribunal ha condenado a Montero a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que acusó en falso de ser un maltratador.

Este fallo ha sido muy comentado en los medios de comunicación y en las redes sociales, y ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el derecho al honor. Algunos consideran que la condena es una justa reparación a la víctima de las acusaciones infundadas de la ministra, mientras que otros ven en ella un ataque a la libertad de expresión y un intento de coartar la labor política de la izquierda.

En mi opinión, la condena es justa y necesaria. Es importante recordar que la libertad de expresión no es absoluta, y que está limitada por otros derechos fundamentales, como el derecho al honor y a la intimidad. En este caso, la ministra ha vulnerado estos derechos al acusar falsamente a un ciudadano de un delito tan grave como el maltrato.

Además, es importante señalar que las acusaciones de Irene Montero se produjeron en el contexto de un caso muy mediático como es el de Infancia Libre, en el que se investigaba una presunta trama de sustracción de menores por parte de miembros de esta asociación. En este contexto, las acusaciones de la ministra podían haber tenido graves consecuencias para la vida personal y profesional del acusado.

Por otro lado, es importante destacar que la condena no supone un ataque a la libertad de expresión, sino que es una consecuencia lógica de las acusaciones infundadas de la ministra. La libertad de expresión no da derecho a difamar a otras personas ni a vulnerar sus derechos fundamentales.

En definitiva, la condena a Irene Montero es una muestra de que en España existen unos límites claros a la libertad de expresión, y que estos límites son necesarios para garantizar la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

Lucía López Ruíz

Lucía López Ruíz

Politóloga y amante de la naturaleza. Defensora de las políticas sociales y la equidad. Creo en un futuro sostenible y justo para España.